1. La política salarial no se reduce a la fijación de un salario mínimo. Incluye la discusión de una serie de condiciones económicas y beneficios laborales para el trabajador mientras permanezca activo y cuando cese de laborar. La hiperinflación venezolana ha destruido los beneficios socio-laborales de la clase obrera trabajadora. Los beneficios no salariales (como el cesta-ticket) hace que cada trabajador reciba 300.000 pero sus prestaciones sociales, vacaciones, bono vacacional y utilidades únicamente se calculan en base a Bs. 150.000,00 mensuales.
2. La hiperinflación imposibilita a los trabajadores ahorrar en prestaciones sociales. Las prestaciones se han convertido en la nada; ya ni se oye hablar de las «cajas de ahorro» han quedado aniquiladas por la inflación. Esto obliga a vivir de remesas familiares; a que nuestros trabajadores, los jubilados y pensionados permanezcan en Venezuela alejados de sus familiares en el momento en que más los necesitan. Además, en Venezuela no hay hospitales, ni escuelas ni centros asistenciales dignos a los que los trabajadores puedan acudir sin pasar por un calvario de padecimientos y angustias.
3. Para los trabajadores no tiene sentido ya tomar vacaciones ni cobrar las utilidades, pues el valor de los mismos es casi cero. Lo mismo puede decirse del momento para el cual culmine una relación laboral: No hay manera de fijar una liquidación justa ni siquiera en caso de despido injustificado que le obligaría a devengar el doble.
4. Si bien es cierto que los bonos en dólares que están recibiendo en el sector privado, en contrataciones, en trabajos informales, etc., nada de eso contribuye a clarificar la política salarial venezolana. Sin una política salarial transparente tampoco hay confianza ni garantías para invertir en Venezuela. No hay formalidad: Reina la arbitrariedad.
5. El único modo de recuperar el trabajo y su justa remuneración es mediante una serie de políticas en el marco de un gran acuerdo nacional. Urge un entendimiento entre los grandes interlocutores sociales del país para lograr un convenio social o gran acuerdo nacional. Por eso hemos insistido en la necesidad de reivindicar el espíritu del tripartismo, para que se produzca un gran diálogo social con madurez y responsabilidad entre los principales interlocutores sociales.
6. En este sentido, exhortamos a todas las fuerzas políticas democráticas a fortalecer, de abajo hacia arriba, a los distintos gremios, sindicatos, cámaras y federaciones que existen en el país, a fin de que se articulen a nivel municipal, estadal y nacional. Es tarea prioritaria para todas las fuerzas democráticas, revitalizar las estructuras sectoriales de la nación para un doble objetivo: ejercer la presión necesaria para que se produzca un cambio de modelo económico consensuado, y en segundo lugar para producir los acuerdos políticos que conduzcan a un viraje del modelo socioeconómico rentista, populista, comunista fracasado.
7. Para superar el estatismo y el rentismo que ha destruido la economía nacional, el país debe entrar en una dinámica de estabilización macroeconómica que necesariamente requiere estabilidad política y grandes consensos sociales. Necesitamos pedir ayuda financiera a organismos multilaterales para reactivar la producción y frenar la crisis humanitaria. Necesitamos abrirnos al estudio realista de la situación nacional, para evaluar con objetividad la situación de las empresas del Estado, y considerar planes de transferencia que les permitan ser productivas, esto es, aprobar una serie de privatizaciones urgentes, para que el Estado pueda brindar buenos servicios en aquellas áreas que sí le competen, como educación, salud, hábitat, vivienda, infraestructura para mejorar los servicios básicos, subsidios asistenciales, entre otros.
8. Para sanear nuestra economía debemos aplicar políticas anti-inflación, que es el verdadero cáncer que acaba con el salario. Eso incluye adecuar la emisión monetaria y el gasto público al nivel real de reservas, sincerar la política monetaria; administrar bien los impuestos, el gasto público, para que se destine al beneficio de la gente, de políticas sociales eficientes de calidad, y no del despilfarro; aplicar criterios de transparencia para erradicar por completo la corrupción; implementar programas de recuperación de la empresa privada, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, que es la célula fundamental de la economía social y ecológica de mercado; apertura económica real con una política de progresividad en la sustitución de importaciones hasta que la industria venezolana sea cien por ciento competitiva, entre otros.
9. Con sanciones, bloqueos, controles artificiales, destrucción del aparato productivo nacional, corrupción generalizada y desorden fiscal es imposible implementar una política salarial seria y sostenible que libere a los trabajadores de recibir pagos en una moneda que se devalúa y pulveriza constantemente.
10. En resumen: el gobierno solo no puede resolver el terrible problema económico que acabó con la política salarial venezolana y destruye el salario. Es necesario un gran acuerdo nacional para reactivar la economía y fijar una política salarial justa y sostenible.